De acuerdo con las estimaciones de esta investigación, cubrir un 90 % de la demanda de cuidados con servicios públicos conllevaría para el Estado dominicano, tras una inversión recurrente de 10 años, una inversión anual de entre 3% y 0.9% del PIB
Santo Domingo, República Dominicana. (16 de abril de 2024). El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, entidad cocoordinadora de la Mesa Intersectorial de Cuidados, publicó el estudio “Invertir en cuidados: empleos que garantizan derechos”.
Ese estudio plantea que la puesta en marcha de la Política Nacional de Cuidados podría crear entre 127,000 y 370,000 puestos de trabajo y contribuiría a la disminución de la pobreza monetaria general entre 6 y 1.9 puntos porcentuales, con mayor impacto en la población femenina, a partir de distintos escenarios de cobertura analizados.
Durante la presentación del estudio, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, manifestó que esta investigación es un paso importante en el camino que conducirá al país hacia un futuro más inclusivo, donde cuidar sea valorado, respetado y compartido por toda la sociedad.
“Los cuidados representan el tejido invisible que sostiene el bienestar y la dignidad de cada individuo en la sociedad y no se puede entender el desarrollo económico sin desarrollo humano”, externó la vicemandataria.
El ministro de Economía, Pável Isa Contreras, sostuvo que los cuidados son un derecho y una responsabilidad compartida y deben ser provistos de forma equilibrada entre el Estado, el mercado, la sociedad y la familia, tanto hombres como mujeres.
Por esta razón, indicó, expandir la política de cuidados se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios de la política económica y social del gobierno dominicano entre 2020 y 2024.
“Con la puesta de la Política Nacional de Cuidados, República Dominicana se ha posicionado con una marca distintiva para la región. En particular, el país aporta una innovación hasta ahora única en la región, como lo es el hecho de incorporar las políticas de cuidados en las políticas de reducción de las desigualdades y la pobreza en el marco de una estrategia de desarrollo”, expresó el economista e investigador.
De su lado, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, planteó que la inversión en la economía de cuidados puede apoyar el avance hacia economías y sociedades más inclusivas desde el punto de vista de derechos e igualdad.
“Estimaciones globales señalan que no invertir en cuidados puede generar una pérdida anual de hasta 290,000 millones de dólares de aquí a 2030 en países desarrollados, con un impacto a menor escala pero de igual importancia en economías como la nuestra”, expuso.
Expandir servicios públicos de cuidado
Al presentar el estudio, la directora de Análisis de Pobreza, Desigualdad y Cultura Democrática del Ministerio de Economía, Rosa Cañete, afirmó que invertir en la política de cuidados es fiscalmente viable y altamente eficiente, ya que genera importantes encadenamientos económicos y sociales.
“Invertir en expandir la política de cuidados es una buena decisión tanto en términos de crecimiento económico como de bienestar social, puesto que genera capacidades y no dependencias”, enfatizó la economista.
La investigación indica que en el país la demanda total de cuidados (menores de 5 años y personas adultas con dependencias moderadas y severas) se estima en más de 900,000 personas, de las cuales aproximadamente 100,000 están cubiertas por servicios públicos de cuidado permanente del Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) y el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE).
El estudio añade que 851,890 personas se dedican de forma integral a las tareas de cuidado no remunerado, de las cuales el 98% son mujeres que declaran no buscar empleo por responsabilidades familiares o quehaceres del hogar.
El estudio presenta diferentes posibles escenarios de expansión de los servicios públicos, desde conseguir una política universal hasta otros escenarios de menor alcance como el que prioriza los hogares en pobreza monetaria general. De acuerdo con las estimaciones, para cerrar las brechas actuales de cobertura en 10 años el Estado tendría que invertir en el año entre 0.66 % y 0.31 % del producto interno bruto (PIB) según el escenario de cobertura y en el año 10 y subsiguientes entre el 3 % y 0.9 % del PIB anual.
Para poner en práctica la política se necesitarían entre 285 mil y 78 mil empleos directos. Esto también permitiría que las personas que cuidan, en especial mujeres en edad de trabajar, puedan integrarse al mercado laboral y educativo, si así lo desean. El impacto en empleo por liberación de horas producto de la política de cuidados, según estimaciones del modelo de simulación, permitiría que entre 48,000 y 85,000 mujeres puedan encontrar empleo gracias a la liberación de horas de trabajo de cuidado por la puesta en marcha de servicios públicos, sostiene el documento. En cualquiera de los escenarios más del 50% del empleo generado sería privado.
Sobre la Mesa Intersectorial de Cuidados
La Mesa Intersectorial de Cuidados de la República Dominicana, integrada por 10 entidades públicas, tiene el propósito de generar una visión común y favorecer la sinergia institucional para la construcción participativa de un Sistema Nacional de Cuidados.
La mesa es coordinada por los ministerios de Economía y de la Mujer, y está integrada además por el Ministerio de Trabajo, el programa Supérate, el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).
